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Pablo Iglesias sufre una rebelión interna en Podemos por manipular los estatutos

Pablo Iglesias, en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el...

Pablo Iglesias, en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el pasado miércoles. JAVIER BARBANCHO

Revuelta sin precedentes en Podemos contra Pablo Iglesias. La mayoría de las Comisiones de Garantías autonómicas del partido morado (los órganos que velan por los derechos de los militantes y el cumplimiento de las normas internas) han declarado hoy nulos los nuevos estatutos de la formación después de que la Ejecutiva haya implantado unilateralmente cambios a espaldas de los militantes y en contra de lo que se aprobó en el congreso de Vistalegre, tal y como publicó EL MUNDO el pasado lunes.

En una reunión federal a la que han acudido 12 de las 16 comisiones autonómicas constituidas (Baleares no tiene), 11 de ellas han aprobado un comunicado en el que consideran “nulos de pleno derecho” los nuevos estatutos y en el que exigen a la Ejecutiva liderada por Pablo Iglesias que aplique el dictamen 3/2017 de la Comisión de Garantías Estatal en el que ya se invalidaba el nuevo texto [lea el documento en PDF]. A pesar de que ha pasado un mes desde aquella resolución (28 de julio), la Ejecutiva insiste en hacer oídos sordos y no aplicarla. De hecho, con la resolución aprobada, la Secretaría de Organización, liderada por Pablo Echenique, fue a registrar los nuevos estatutos al Ministerio del Interior.

Por todo lo anterior, la resolución insta a la Ejecutiva a “revocar el acuerdo de aprobación de los nuevos estatutos y a retirarlos del Ministerio del Interior”. Entre los cambios que se censuran están el que propicia un vuelco en los equilibrios internos de la Comisión de Garantías Estatal para entregar a los afines a Iglesias el control de este órgano clave en la resolución de conflictos y en la imposición de sanciones a los críticos.

Las 11 comisiones que hacen este pronunciamiento inédito son Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Canarias, Navarra y La Rioja. Sólo se ha abstenido Cantabria porque su representante no sabía si contaba con el respaldo mayoritario de su comisión.

Las autonomías que aún no se han pronunciado porque no estaban presentes son Aragón, Galicia, Extremadura y Murcia.

La reunión había sido convocada por la presidenta estatal, Olga Jiménez, y ha contado con la participación de una veintena de personas.

El texto ha sido aprobado por representantes de las comisiones y, en las próximas semanas, se someterá a votación en sus respectivos órganos. Nueve de los 11 apoyos han sido suscritos por los presidentes. Los otros dos han sido representantes enviados por los presidentes.

Rotundo apoyo a la presidenta estatal

La reunión federal también incluye un pronunciamiento nítido y rotundo en favor de la actual presidenta de la Comisión de Garantías Estatal, Olga Jiménez, contra la que la Ejecutiva ha abierto un expediente sancionador a instancias de los tres miembros del órgano que votaron en contra del dictamen 3/2017 y que todas las fuentes sitúan como próximos a Iglesias.

La resolución aprobada hoy insta a “revocar la decisión de apertura del expediente disciplinario” contra Jiménez, sobre la que se asegura que deberá seguir “ejerciendo sus funciones” por estar “legitimada y avalada estatutariamente por la votación” de los militantes, que en el congreso de Vistalegre II la situaron como la más apoyada, con un 52% de votos.

Asimismo, las comisiones de garantías autonómicas denuncian abiertamente la acción de los mencionados tres miembros de la Comisión de Garantías Estatal que han intentado apartar a Jiménez nombrando un nuevo presidente provisional, Argiro Giraldo, al que no reconocen autoridad alguna. A ellos se les acusa directamente de “usurpación de funciones estatutarias”.

Las comisiones habilitan a Jiménez para “gestionar o introducir cuantas acciones legales correspondan, internas y ante los tribunales de justicia, para encauzar estos asuntos”. Es decir, se abre incluso la puerta a imponer sanciones a miembros de la Ejecutiva. Aunque las fuentes consultadas ven ese escenario aún muy lejano.

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