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Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y retira las euroórdenes de todos los fugados

Llarena rechaza la entrega de Puigdemont sólo por malversación y retira las euroórdenes contra los fugados Foto: QUIQUE GARCÍA / EFE | Vídeo: EL MUNDO

El juez Pablo Llarena no acepta la entrega limitada de Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que retira la euroorden contra el ex presidente de la Generalitat después de que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein denegara la autorización para juzgarlo en España por rebelión o sedición [lea el auto en PDF] y lo aceptara sólo por malversación.

El magistrado lamenta “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos “que podrían haber quebrantado el orden constitucional español”. Considera que con su decisión sobre la euroorden el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura legal, ignorando la Decisión Marco de la UE que puso en marcha la Orden de Detención Europea. En su opinión, los magistrados alemanes se han apartado también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del propio Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

En la línea del magistrado, la Fiscalía del Supremo también considera que el tribunal alemán ha actuado “incumpliendo el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega”. En un escrito dirigido a Llarena, los fiscales del caso consideran que en tribunal alemán ha asumido “funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a Ia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles, lo que dificulta notablemente Ia posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión”. La Fiscalía añade que la decisión del tribunal alemán “no puede condicionar la mayor o menor relevancia penal de los hechos ni la concreta calificación jurídica de los mismos, cuestiones estas que son competencia exclusiva y excluyente de los tribunales españoles.

Todas las euroórdenes

En la misma resolución Llarena acuerda igualmente retirar las órdenes de detención europeas e internacionales contra el resto de fugados: Antonio Comin, Luís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Cuando los respectivos tribunales reciban la decisión del Supremo y retiren las medidas cautelares, todos ellos podrán circular en el extranjero sin limitaciones. Pero en caso de volver a España serían detenidos y puestos a disposición del Suprermo.

Sobre la actuación del tribunal alemán, Llarena considera, al igual que la Fiscalía, que debería haberse limitado a comprobar si los hechos presuntamente delictivos que les remitió están contemplados en su legislación penal y si, por tanto, también allí se habría abierto una investigación penal. Por contra, ha hecho un “definitivo juicio” sobre los hechos y su calificación jurídica, lo que “no resulta conforme con la Decisión Marco” que regula la euroorden.

Añade que los jueces alemanes han actuado “desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes”. “Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado”.

Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración de Puigdemont, dando “un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega”. “Ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales”.

Llarena lamenta que, pese a que el tribunal alemán afirma que no se aprecian en los hechos algunos requisitos para que fuera delito en Alemania, no ha dado al Supremo la oportunidad de que aclare “que sí concurren esos elementos”. “Y ello”, añade, “pese a que este Tribunal comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del auto de procesamiento] sólo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España”.

El magistrado instructor considera que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”. Así pues, “procede rechazar la entrega de Carles Puigdemont i Casamajó como mero responsable de un eventual delito de malversación de caudales públicos”.

Tribunal del Luxemburgo

El juez sostiene que el tribunal alemán estaba obligado a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que se trataba de una sunto dudoso que en Alemania no era recurrible. Esas dudas sobre el caso quedaban evidenciadas, según Llarena, porque la propia Fiscalía alemana pedía la entrega sin limitaciones y porque el propio Llarena insistían en la entrega incondicional en la información complementaria que les remitió.

Llarena ha descartado finalmente dirigirse él directamente al Tribunal de la UE, una opción que comenzó a estudiar tras la primera negativa alemana. El instructor considera que no es una opción viable conforme a las tesis expuestas por el Abogado General del tribunal de Luxemburgo , que ha aclarado recientemente que una consulta del Supremo “sería puramente consultiva y carente de efecto vinculante”.

La tesis belga, “inasumible”

El juez del Supremo menciona también el caso del tribunal belga, que rechazó tramitar la euroorden contra Comin, Puig y Serret. Llarena cree que actuó “despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de las aclaraciones [del Supremo]“. Según el juez, las objeciones formales del tribunal belga, afirmando que no existía la necesaria orden de detención contra los ex consellers, resultan “inasumibles”.

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