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La factura de las pensiones se dispara más de un 50% en apenas 10 años

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. EFE

La factura de las pensiones marca cada mes, y sin excepción, un nuevo máximo histórico. En noviembre volvió a crecer a ritmos interanuales de casi el 5% y alcanzó los 9.287 millones de euros, cifra que a su vez arroja un dato que evidencia la situación de tensión que vive el sistema de la Seguridad Social: en apenas 10 años, la nómina mensual se ha disparado más de un 50%.

En concreto, a cierre de 2008 el dato estaba en 6.138 millones, mientras que la última cifra oficial muestra un repunte de más de 3.100 millones de euros en la última década. Este incremento se debe a que el número de pensionistas ha crecido con fuerza, pero también al notable repunte en la cuantía de las prestaciones.

De hecho, este segundo factor es el que más peso tiene, ya que en los últimos diez años el número de pensionistas ha pasado de 8,4 a 9,6 millones; esto es, se ha producido un aumento de un 15%. En cambio, la pensión media por jubilación, que es la más habitual en el sistema con casi 6 millones de beneficiarios, ha pasado de los 821 euros de 2008 a los 1.106 euros del último mes, mientras que la pensión media ha crecido de 725 euros a 959 euros.

Esta situación es el resultado de la llegada a la jubilación de los trabajadores que vivieron los años de mayor crecimiento económico y salarial antes de la crisis económica. Es una muestra, por lo tanto, del avance del país y de las mejores condiciones de vida pero, al mismo tiempo, supone un grave problema para el sistema ya que las actuales cotizaciones, tanto en número como en cantidad, son insuficientes.

Por ello, por el abultado déficit del sistema y porque este complicado contexto se verá acentuado en los próximos años e incluso décadas, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy introdujeron medidas impopulares pero, según la mayor parte de los organismos económicos nacionales e internacionales, necesarias. Algunas de ellas son el paulatino aumento en la edad de jubilación o el factor de sostenibilidad, que limita el incremento anual de las pensiones al 0,25% en caso de déficit. Pero la presión de los pensionistas y el deseo primero del PP y después del PSOE de asegurarse los numerosos votos de este grupo social provocaron que las prestaciones se hayan vuelto a ligar al IPC.

La consecuencia de esta medida es que el gasto, en lugar de contenerse, seguirá creciendo con fuerza y además, tal y como ha explicado en más de una ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez, la Seguridad Social tendrá que afrontar pagas compensatorias que elevarán todavía más el desembolso. El Ejecutivo del PP y el PNV pactaron que las pensiones subirían un 1,6% en 2018 y 2019 pero el Ejecutivo socialista afirmó que, si la inflación era finalmente superior a ese dato, se compensaría la diferencia. Ayer mismo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, expuso que la previsión es que el IPC cierre diciembre en el 1,9%, lo que supone tres décimas más del señalado 1,6%. Si se tiene en cuenta que cada décima adicional supone un coste de 128 millones, el resultado es que la denominada paguilla ascenderá a 386 millones.

Esto choca frontalmente o, al menos, dificulta el objetivo que la propia Valerio planteó durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press: «Llegar a 2022 ó 2023 con el sistema de pensiones saneado». En ese momento, explicó, una parte importante de la generación del baby boom comenzará a jubilarse y, en consecuencia, la presión sobre la Seguridad Social será incluso mayor.

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