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El PP admite que las donaciones de Rita Barberá y sus concejales eran ilegales

Mari Carmen García-Fuster junto a José María Corbín en el cuartel de la Guardia Civil. BIEL ALIÑO

El PP nacional seguirá imputado por blanqueo tras reconocer que las donaciones eran «ilegales» y atribuir las irregularidades a García-Fuster.

Génova dejó caer a Barberá en el juzgado

El PP impone el silencio para frenar la tensión interna y con Ciudadanos

30/11/2016 08:17

El Partido Popular no ha cambiado de estrategia en el caso Taula y ayer volvió a cuestionar las donaciones de 1.000 euros que medio centenar de cargos del grupo municipal realizaron en 2015 para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá. El PP, imputado como persona jurídica en este procedimiento, declaró ayer que los donativos eran «ilegales» porque la ley impide realizar esas aportaciones en cuentas no fiscalizadas o en periodo electoral.

Según fuentes conocedoras de la declaración, Génova ratificó en el juzgado que no tenía conocimiento de los sistemas de financiación del grupo municipal del Ayuntamiento y que desconocía que la secretaria, Mari Carmen García-Fuster, de la máxima confianza de Barberá, ingresó grandes cantidades de dinero en época electoral sin identificar a los donantes. Fuentes próximas al caso confirmaron que el PP, pese a reconocer las presuntas irregularidades en el funcionamiento del grupo municipal, seguirá imputado por blanqueo al no acreditar suficientemente que hizo todo lo posible para evitar estas prácticas en Valencia.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en la legislación porque muchas veces, al investigar un delito cometido en el seno de una organización -en este caso política-, tras largos procedimientos no es posible llegar a atribuir la responsabilidad penal a ninguna persona física, o la persona contra la que se ha dirigido la acción penal no acaba siendo condenada, pues en la misma no concurren todos los elementos del tipo penal que se pretende aplicar.

El Código Penal establece que sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber confesado, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, la infracción a las autoridades.

Este es el motivo que empujó ayer al PP a volver a declarar en el juzgado, de forma voluntaria, para señalar a todo el grupo municipal. Lo que no figura en un procedimiento judicial no existe para la causa y ayer Génova torpedeó la estrategia de defensa de todo el equipo de Barberá, incluida la de García-Fuster, representada por el abogado José María Corbín, cuñado de la ex alcaldesa.

El PP envió a uno de sus auditores, Carlo Luca, para que detallara al juez que en Génova no tenían conocimiento del presunto chiringuito que el PP tenía en el Ayuntamiento de Valencia. Luca, quien ya ha declarado en otros procedimiento de corrupción que afectan al PP como es Gürtel, mantuvo que el partido no controlaba, ni tenía obligación de hacerlo, el puñado de cuentas que tenía abierta el PP local.

De igual modo, el auditor del PP insistió en que la responsable directa del descontrol era García-Fuster y que no se fiscalizaron las cuentas porque la ley no lo exige, no existen sistemas de control internos en el partido, añadió.

Respecto a las donaciones de 1.000 euros, el auditor primero dijo que «eran ilegales» aunque más tarde matizó y sostuvo que «eran irregulares» porque se hicieron a espaldas de la dirección nacional, pues ningún cargo del entorno de Barberá tenía autorización para recaudar el dinero. El cuñado de Barberá no escondió su malestar en la Sala por la estrategia judicial que sigue Génova en esta causa. Esta estrategia pasa por admitir los hechos y atacar a todo el grupo municipal.

Pese a las revelaciones, el PP seguirá investigado como persona jurídica porque no ha acreditado que ha hecho todo lo posible para evitar casos como el de Valencia. Según fuentes de las defensas, los concejales imputados cuestionarán la versión del partido, pues subrayan que la dirección nacional sí conocía la existencia de esa cuenta porque se hacían transferencias.

La investigación del caso Taula apunta a que ese dinero aportado a la cuenta del grupo municipal por sus concejales y asesores les era devuelto después en billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

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