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El ex consejero de Aguirre Francisco Granados tiene dos cuentas en Suiza

Una segunda cuenta en Suiza del ex número dos del PP madrileño Francisco Granados puso en marcha a finales del año pasado lo que ayer concluyó como ‘operación Púnica’, con al menos 51 imputados por su relación con una trama de corrupción «infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías», en su mayor parte del Partido Popular.

Junto a la cuenta destapada por este diario el pasado febrero, que ocultaba un millón y medio de euros procedente de sus ganancias en Bolsa, Granados disponía de al menos otra cuenta junto al empresario y amigo de infancia David Marjaliza. La aparición de la primera sacó a Granados de la política, mientras que la segunda cuenta púnica, en la que supuestamente acumulaba el producto de las comisiones, condujo ayer a su detención por parte de la Guardia Civil.

«La operación demuestra que hay corrupción en el PP de ahora, no en el de antes, pese a que Rajoy dice que todo esto venía del pasado», señala uno de los responsables del caso, al tanto de toda la investigación.

Según fuentes de la Audiencia, Granados era una figura política -la principal, pero no la única- que la trama empleaba para contactar con las autoridades populares que correspondiera. Junto a él, la operación pivota en torno a dos personas a las que se podría denominar «conseguidores». Se trata de Marjaliza -un habitual en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro cuando Granados era su alcalde- y del empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca.

Los dos empresarios serían los encargados, junto a Granados, de maniobrar para obtener adjudicaciones irregulares de contratos y concesiones públicas. Las comisiones obtenidas se blanqueaban a través de un entramado de empresas, algunas de las cuales también utilizaban para conseguir las adjudicaciones.

El sistema empleado para obtener las adjudicaciones era el detectado en Gürtel y otros casos de corrupción. En ocasiones se conseguía que políticos y funcionarios modificaran los pliegos de los contratos para favorecer al que iba a pagar las comisiones. En otros, se decidía el troceamiento de los contratos para rebajar su cuantía y poder así adjudicarlos directamente a quien conviniese.

En la operación se han destapado casos de corrupción en la adjudicación de servicios por parte de los municipios, más que en asuntos relacionados directamente con el negocio del ladrillo, mucho más frecuente en años previos a la crisis. Ejemplo de esto último es que, según los investigadores, la principal empresa implicada es Cofely, una filial de GDF Suez centrada en áreas como la eficiencia energética y que logró contratos en varias localidades investigadas. En Parla, por ejemplo, obtuvo el año pasado una adjudicación por valor de 54 millones de euros.

La trama desmantelada se extendía, según Anticorrupción, «por varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia». Fuentes jurídicas explicaron ayer que el objetivo de los imputados era su lucro personal, sin vinculación con la financiación del PP o del PSOE.

Cifras e implicados

Al margen de Granados y de los dos empresarios clave, la operación alcanzó al presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez, sucesor de la asesinada Isabel Carrasco. En la Comunidad de Madrid fueron arrestados cuatro alcaldes del PP (Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Velasco y Casarrubuelos), uno del PSOE (Parla) y el de Serranillos del Valle (de la UDMA). Uno de los detenidos en Murcia es el ex alcalde de Cartagena, que según La verdad de Murcia es socio de Marjaliza en una sociedad. Otras tres detenciones están relacionadas con la Consejería de Turismo de esa comunidad.

Las cifras de la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco son espectaculares. Al menos 51 imputados -podrían ser 56, según otras fuentes-, de los cuales ayer estaba previsto detener a al menos 37, cuya implicación era mayor. Hay 259 mandamientos a registros de la propiedad, 30 órdenes de embargo de vehículos y 400 de bloqueos de cuentas. Todo para impedir que los imputados intenten poner a buen recaudo sus bienes.

El origen de la ‘operación Púnica’ se encuentra en la comisión rogatoria enviada a finales del año pasado por la Fiscalía suiza informando de que había abierto una investigación por blanqueo a Granados y Marjaliza, a los que había bloqueado las cuentas y a los que quería interrogar. De la mano de la Guardia Civil, Anticorrupción abrió su propia investigación. En junio, la Fiscalía presentó una querella contra Granados y Marjaliza, que recayó en el juez Velasco. De los productivos pinchazos telefónicos acordados fueron saliendo los hilos para llegar a las operaciones investigadas.

Pero el resultado de los pinchazos podría haber sido aún mejor. Según fuentes del caso, Granados fue alertado por un miembro de la Guardia Civil de que su teléfono estaba intervenido. El juez Velasco investiga el soplo, que podría constituir un delito de revelación de secretos.

Al margen de ese delito, las actividades destapadas supondrían la comisión de delitos de fraude fiscal, blanqueo, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Según Anticorrupción, en los dos últimos años la trama investigada había llegado a manipular adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones a políticos y funcionarios.

Un nombre con mensaje. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bautizó la operación con el nombre de ‘Púnica’, jugando con el nombre de Granados y la denominación científica del árbol de la granada: ‘Punica granatum’.
El operativo. El Instituto Armado movilizó para esta operación a un total de 150 efectivos, entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que prestaron apoyo en todas las detenciones y registros.

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